Castigar a los rojos: los terroristas de julio de 1936 (I)

El 15 de junio, salió a la venta el libro que hemos escrito a seis manos Francisco Espinosa, Guillermo Portilla y servidor. Espero -y deseo- que tenga mucho éxito. No, por supuesto, para comprar con los derechos de autor un pisito en la playa o algo similar en la montaña. Para ello deberían venderse muchos miles de ejemplares. Por otra parte, dudo que tales derechos, repartidos entre los tres, compensaran mínimamente las horas de trabajo, las adquisiciones de libros y de documentos y los desvelos por los que hemos pasado a lo largo de la pandemia.

‘Castigar a los rojos. Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista’, Ángel Viñas | Francisco Espinosa | Guillermo Portilla (Crítica, 2022)
 

Si deseo que se venda mucho es por otras razones, profesionales y personales. Nótese el orden. Implica una cierta escala en términos de importancia. En primer lugar, creo que con nuestro enfoque hemos cubierto un frente en el que todavía no se había escrito lo suficiente para poner patas arriba principios fundamentales de la “historietografía” (Alberto Reig) franquista, pro-franquista y metafranquista. Lo hemos hecho como se debe. No partiendo de aprioris, sino por inducción desde la búsqueda y el descubrimiento de una nueva base documental. Es decir, EPRE en estado químicamente puro.

El tono personal es porque de manera tanteante, con altos y bajos, a lo largo de los últimos diez o doce años, es decir, desde que me jubilé en la Complutense y me dediqué a la investigación en archivos como ocupación principal, he identificado un objetivo preciso: explicar de una manera algo diferente de la habitual los orígenes inmediatos de la guerra civil. Pero, siempre con EPRE, es decir, evidencia primaria relevante de época.

Por lo demás he citado a muchos de los historiadores más importantes, españoles y extranjeros, que me han precedido. Ningún historiador navega solo. Las aguas por las que se aventura han sido, muchas veces, surcadas por otros. Si no he mencionado a muchos más ha sido por un motivo muy simple. No hay historia definitiva (tampoco de la República, la guerra civil y el franquismo) ni, por supuesto, historiadores definitivos, mal que le pesen, por ejemplo, al profesor Stanley G. Payne y a sus acólitos.

Por consiguiente, me he abstenido de criticar -o incluso de citar – a autores que trabajaron de buena fé, con sus papeles y con su bagaje cultural, intelectual e ideológico. En cambio, sí he acudido a otras dos categorías: quienes han rellenado huecos que no hubiera podido abordar sin mencionarlos porque mi EPRE no bastaba y, en segundo término, a algunos de los que se han erigido, quizá tras implorar la gracia de Dios, en custodios o defensores de la tradición franquista o, por lo menos, antirrepublicana.

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De manera sistemática, aunque con desviaciones previas, empecé a otear que la historia no había sido como nos la habían contado desde mi primer libro en 1974 (La Alemania nazi y el 18 de julio). Se cita todavía cuando, en aspectos fundamentales, ya he avanzado mucho más. Lo mismo ocurre con el segundo (El oro español en la guerra civil). A este respecto algún que otro historiador se ha empeñado (sin documentación al apoyo) en sostener que el envío de una parte del mismo fue “un error, un inmenso error” (por utilizar la terminología de Ricardo de la Cierva al caracterizar el primer gobierno Suárez en los albores de la transición).

Sin embargo, fueron dos obras (La conspiración del general Franco) y la colectiva (Los mitos del 18 de julio) en donde empecé a otear que en otros aspectos fundamentales las cosas tampoco fueron como nos las habían contado ni los historiadores franquistas o neofranquistas ni muchos extranjeros que no solían visitar archivos españoles.

Por razón de la documentación acumulada empecé a mirar hacia atrás y aclarar (con las ayudas imprescindibles de un primo hermano piloto, Cecilio Yusta, y de un amigo patólogo, el Dr. Miguel Ull) la singular aportación del general Franco a la conspiración de 1936 (también con el asesinato de su compañero el general Balmes) y su superinflado papel en mantener a España fuera del segundo conflicto europeo.

Quedaron sin abordar dos flecos principales, un tanto marginados en mi investigación.

El primero, los preparativos jurídicos para amparar el sangriento tajo que en el cuerpo social español los conspiradores querían dar tan pronto se sublevaran. No lo hicieron los militarotes de pro (Mola, Goded, Sanjurjo, Franco, Queipo….). Muchos autores lo habían inducido (en particular Francisco Espinosa) partiendo de los hechos (y generado una larga controversia respecto a cómo caracterizarlos: ¿genocidio?, ¿no genocidio?).

El segundo fleco, desde la perspectiva -tan cara a los sublevados y a sus apoyos ideológicos -católicos y fascistas, extranjeros y propios- cómo se configuró el ritmo del apoyo soviético a la República, al principio y al final de la guerra. En este caso no he olvidado las “aportaciones” de un ya fallecido (y que el Señor tenga en su gloria) general de división en el Ejército del Aire, posteriores a una trilogía que lo examinó de pasada. [CRITICA ya tiene un largo manuscrito en que he abordado tales temitas. Espero que aparezca el año que viene].

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Pues bien, CASTIGAR A LOS ROJOS es un libro de tres autores que identifican los variados hilos ideológicos que confluyeron en la praxis y en la teoría de la represión franquista. Mostramos las raíces de las que surgió la tesis -en la que todavía creen o dicen que creen- numerosos políticos, periodistas, medios impresos y digitales y ciudadanos. No han logrado, o querido, destetarse de la versión según la cual la sublevación obedeció a “un estado de necesidad” para salvar a la PATRIA de caer en las garras del comunismo.

Nuestro libro pone el acento en que la mayor parte de los pensadores jurídico-militares del momento, y los generales a quienes aconsejaban (ya fuesen Sanjurjo, Goded, Franco, Queipo de Llano o Mola) no podían ignorar que desde el Gobierno se les consideraría como jefes de “bandas armadas”, sublevadas contra el régimen legítimo y reconocido internacionalmente. No en vano los conspiradores estaban dispuestos a emprender acciones terroristas que caían dentro los supuestos penados por la legislación y el Código de Justicia Militar entonces vigentes.

Por ello, y en su propia defensa, los terroristas sublevados acusaron a los leales de que, al defenderse contra ellos, cometieron actos de terror. Con ello pusieron de relieve una de las características más notables que subsistió durante toda la dictadura de Franco y que ha encontrado su prolongación en la “historia” que le es proclive: proyectar hacia los adversarios rasgos esenciales del propio comportamiento.

Su mejor plasmación se encuentra en el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936 que encargó el entonces ministro de la Gobernación Ramón Serrano Suñer y siniestro personaje. Para colmo, entre los autores figuraban nombres egregios de los conspiradores monárquicos que, con la ayuda previa fascista, habían venido maniobrando para derribar la República y sustituirla por una Monarquía fascistizada desde 1932.

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Esto todavía se oculta hoy cuidadosamente y hay gente que utiliza dicho Dictamen como si tuviera la misma validez y significación históricas que las tablas mosaicas. Pues no.

Nota

Un amigo y colega ha leído mi post de la semana anterior en el que citaba a la Dra. Olga Glondys y me ha comunicado que había fallecido, inesperadamente, hace casi dos años. Ha sido un choque profundo.

Descanse en paz. (continuará)

Origen: Castigar a los rojos: los terroristas de julio de 1936 (I)

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