La iglesia católica y sus posesiones. Los corcordados

“El fenómeno de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles ha supuesto el mayor expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia católica, propiciado por el artículo 206 de la ley hipotecaria de 1946 que permitió a las autoridades eclesiásticas inscribir bienes a su nombre sin acreditar título de ningún dominio”.

Ciertamente, si a nivel de España ha habido una institución que ha gozado de enormes privilegios durante los últimos doscientos años, ésta ha sido la Iglesia Católica. Es cierto que el 19 de febrero de 1836 el gobierno español presidido por Mendizábal promulgó la desamortización de los bienes del clero regular. Pero no pasaron demasiados años en los que la situación cambió, cuando en 1851 se firmó el Concordato con el Vaticano. La medida fue importante porque el Concordato sancionaba la nacionalización y privatización de las tierras de la Iglesia, aceptadas por ésta, pero el estado reconocía la religión católica como la única y oficial del estado español, y se atribuía a la ‘Iglesia la función de supervisar el sistema educativo. El estado además se comprometía a mantener el culto y un sueldo por el clero secular con cargo a los presupuestos del estado y como compensación por las tierras desamortizadas. De este modo, si bien, provisionalmente, se había desmantelado el poder económico de la Iglesia, su ascendencia social se iría recuperando poco a poco hasta jugar un papel de primer orden a partir de finales de siglo.

La Segunda República, a partir de 1931, llevó a cabo la separación entre la Iglesia y el estado y es conocido que no faltaron cremas de iglesias y conventos y, durante la guerra civil, asesinados de sacerdotes. Era un momento en que la Iglesia se había puesto claramente en contra de la República, y al inicio de la guerra se situó claramente junto al ejército sublevado y bautizó como “Cruzada” la insurrección de los militares. A partir de 1939 la Iglesia recuperó los privilegios que tenía en el período anterior, aunque no fue hasta el año 1953 cuando se volvió a firmar un nuevo Concordato en el que recuperaba de nuevo -y ahora con creces- la situación que había vivido antes de la Segunda República. Por un lado, porque “La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y prerrogativas que le corresponden de conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico”. En el artículo XIX, se hacía referencia a que “a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos” el estado le asignaba “anualmente una adecuada dotación” y además se comprometía a dar “anualmente subvenciones para la construcción y conservación de Templos parroquiales y rectorales y Seminarios…

Pero lo más sorprendente es que cuando en enero de 1979 -poco después de aprobarse la nueva Constitución democrática de 1978- se aprobaron los llamados “Acuerdos Concordatarios” entre la Iglesia y el nuevo estado democrático, los asuntos económicos también lo dejaban claro: “1. El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”. Es cierto que también se decía que la Iglesia podría gozar de una parte del impuesto sobre la renta cuando cada contribuyente lo manifieste explícitamente, pero mientras tanto, también se decía claramente, “el Estado consignará en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación a la Iglesia católica, con carácter global y único, que será actualizada anualmente” y además se establecían exenciones fiscales prácticamente en todas las actividades económicas de la Iglesia…

Y de hecho, ésta es la situación que todavía se está viviendo.