La legalidad fusilada en 1936
La víspera del 4 de diciembre de 1936, cuando ya sabía que iba a ser fusilado, Antonio García Pérez, el joven político coyantino, expresó un último deseo: «Yo lo único que pido al que rige los destinos de los hombres es que se apague el incendio que hoy asola nuestra patria y que no se derrame ni una sola gota de sangre más».
Nada más lejos de la realidad. «La represión política fue la más fuerte porque había una intención de destruir el estado republicano y para ello había que acabar con sus políticos», explica el historiador y profesor de la Universidad de León, Javier Rodríguez, coordinador del libro De las urnas al paredón junto al profesor de la Universidad de Valladolid Enrique Berzal de la Rosa.
El ‘terror caliente’
De las urnas al paredón da cuenta de una veintena de políticos paseados en las primeras semanas posteriores al golpe de Franco, como los concejales de la comisión gestora del Frente Popular en Valencia de Don Juan Marcelino Quintano, Víctor Pérez Barrientos, Urbano González Soto y Jesús Luengo Martínez fueron paseados el 20 de septiembre de 1936 en el monte de Villadangos. En el campo de Fresno, entre Valverde y La Virgen, sin juicio ni consejo de guerra fueron asesinados Julio Marcos Candanedo, Ángel Arroyo, Vicente Simó, Luis Vega Álvarez, Josefa Tascón, Visitación Herrero y Teresa Monge, la líder de las Juventudes Socialistas. También fue víctima de un paseo el alcalde de Cea, Nemesio García y el que fue alcalde de Villaornate y maestro Tomás Toral.
La justicia ‘al revés’
Tras el «terror caliente» se instauró la represión investida de legalidad. «Es la justicia al revés, porque la ley de responsabilidades políticas juzga incluso a la gente por haberse dedicado a la política», explica Rodríguez. «Además de la violencia y el terror, los sublevados dictaron las primeras normas jurídicas precisas para destruir el orden jurídico constituido por la Constitución de 1931 y su desarrollo normativo», añade.
Son numerosos los políticos condenados a muerte por rebelión militar, traición, auxilio a la rebelión y toda una serie de delitos creados a la medida del nuevo régimen. La sangre corría por los paredones en Puente Castro, donde fueron fusilados los alcaldes de León (Miguel Castaño) y Ponferrada (Luis García Arias), así como el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto, el gobernador civil, Emilio Francés, el presidente del Frente Popular, Félix Estanislao Sampedro; el presidente del Partido Sindicalista, Lorenzo Martínez Vaca, el vocal del Partido Comunista en el Frente Popular, José María de Celis, el tesorero de Unión Republicana, Mariano Jiménez y el delegado de Juventudes Socialistas de Valencia de Don Juan, Antonio García Pérez.
Sindicalistas ejecutados
Junto a él fueron ejecutados el secretario del Sindicato de Barberos, José Rodríguez Parra, el contador del Sindicato de Camareros (Guillermo Hernández) y su presidente, Genaro Martínez Garrán; el presidente del Sindicato de la Madera, Mariano García, el secretario del Sindicato Minero de La Magdalena, Manuel Álvarez, Mariano García García, afiliado a la UGT, y Evaristo Fernández Rodríguez, de la CNT.
En Puente Castro fueron asesinados el alcalde de Mansilla de las Mulas, Isidro González, y el de Santa María del Páramo, José Tagarro, junto al secretario de la Unión Republicana, Marcelino Juan Franco, así como Eufrasio Miguélez y Adrián Castellanos, sin cargos pero «de ideas socialistas». En Puente Castro cayó también el presidente de la Casa del Pueblo de Ponferrada, Arturo Pita Pérez.
El alcalde Astorga (Miguel Carro) fue fusilado en las tapias del cementerio de la ciudad. El que fue alcalde republicano de Valderas, Victoriano López Rubio, fue asesinado el 14 de agosto en la prisión de San Marcos; dos meses más tarde fueron fusilados el último alcalde republicano, Martín Velado y los concejales Francisco Modino (Izquierda Republicana), Andrés Carbajo (afiliado a UGT) y José López Cabo, al igual que el presidente de la Casa del Pueblo, Florentino Álvarez. Otro alcalde fusilado fue el de Sahagún, Benito Pamparacuatro.
Más sangre desde el 37
Con la caída del Frente Norte, en octubre de 1937, en León aumentan los consejos de guerra. El alcalde de Cármenes, Generoso Valbuena, conocido como el general Valbuena y que fue secretario general de la CNT, fue condenado y ejecutado a garrote vil por sentencia del consejo de guerra.
Asimismo, fueron pasados por las armas los cuatro alcaldes que tuvo Vegacervera mientras estuvo en zona republicana: Emilio González Barrio, Pedro González Castro, Laureno Vélez y Patricio Fernández.
«La represión se instauró de forma retroactiva y fue ejecutada no sólo por el Ejército sino por grupos paramilitares como Falange Española, Milicias Cívicas, Comunión Tradicionalista u otras facciones de la derecha radicalizada o fascista», explica Rodríguez. La represión fue también económica. El alcalde de Valencia de Don Juan, Clementino Díez, fue multado con 350 pesetas además de sufrir la cárcel durante años como otros muchos políticos y sindicalistas.
El apoyo de los tibios
El historiador sostiene que además de la represión «el estado franquista diseñó un mecanismo de integración» al que se inscribieron «los vencedores en la guerra y los múltiples afectos a la causa nacional, pero también los tibios, los oportunistas».
Esto proporcionó al régimen un «consenso social» que «no por ello lo legitima, como tampoco se puede considerar legitimador del nazismo el apoyo social que tuvo Hitler», subraya Rodríguez. Eso sí, matiza, «quedaron excluidos y estigmatizados los perdedores», «obligados, para redimirse a renunciar a su pasado».
Origen: La legalidad fusilada en 1936
