Los crímenes políticos en el Valladolid de 1936 – últimoCero | Noticias de Valladolid

La sublevación armada contra la República se inició en Valladolid a media tarde del sábado 18 de julio de 1936 y 24 horas más tarde la ciudad estaba prácticamente dominada por los golpistas.

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Esta fulminante toma de Valladolid fue posible por varios factores: la imprevisión de las autoridades republicanas, que no habían dado a los rumores de que se iba a producir un golpe militar la importancia debida; el desconocimiento del terreno por parte del recién nombrado gobernador civil, Luis Lavín Gautier, y la suerte, la buena de los alzados en armas y la mala de los activistas de izquierdas, que se reunieron en la Casa del Pueblo de la ciudad obedeciendo directrices desafortunadas de los dirigentes políticos de Madrid.

Efectivamente, para las autoridades republicanas de Valladolid, los rumores que daban por hecho un levantamiento militar eran ya cosa corriente y no acertaron a darles la importancia que se merecían. Todos ellos eran conscientes de que parte del ejército conspiraba, pero desgraciadamente la atención estaba concentrada en los disturbios públicos que un día sí y otro también azotaban la ciudad y se replicaban en los pueblos de la provincia.

Estas alteraciones del orden público tenían su origen principalmente en el hostigamiento que los jóvenes falangistas dedicaban a las organizaciones de izquierdas, haciéndose un lugar en la ciudad a base de violencia. Los falangistas seguían las consignas de sus caudillos, y tanto Onésimo Redondo como José Antonio Primo de Rivera azuzaban de continuo a sus seguidores para que persiguieran y atacaran a los jóvenes izquierdistas. Este llamamiento continuo a practicar la violencia intentaba crear un clima bélico que los derechistas utilizarían como justificación para derribar la República.

A causa de este deterioro de la vida pública en Valladolid, el día 19 de junio el gobernador civil Campos Torregrosa fue sustituido por Luis Lavín Gautier, que ocupaba el mismo cargo en Zamora y tenía un perfil más duro que su antecesor. Lavín tomó posesión del cargo y se dispuso a poner orden en la situación. Ordenó registros y redadas; requisó armas y envió a la cárcel a los principales elementos falangistas a la cárcel, incluido el mismo Onésimo Redondo.

Su brevísimo mandato de 29 días le impidió conocer a los representantes de las fuerzas políticas que actuaban en la ciudad. Centrado en devolver el equilibrio a la ciudad, desoyó las advertencias y las peticiones que se le hacían sobre la inminencia de un golpe armado y la necesidad de hacerle frente. Las autoridades minimizaban el riesgo y el propio gobernador declaró varias veces a la prensa que la situación estaba controlada y que no existían motivos de alarma.

Este desconocimiento del gobernador fue clave para el triunfo de la sublevación. El sábado 18 despachó con varios alcaldes de la provincia, a los que indicó que requisaran las armas de los elementos problemáticos en sus localidades; y también habló con varios dirigentes del Partido Socialista, de la Casa del Pueblo y de la CNT, que le solicitaban permiso para retirar armas de los depósitos y organizar una resistencia en el caso de que la sublevación se materializara. Pero Lavín desconfiaba. Para él, la solución era desarmar y encarcelar a los grupos más violentos, los que provocaban los disturbios, y no entendió ni dio credibilidad a los que le hablaban de tramas civiles y militares en la ciudad dispuestos a provocar algo más que un incidente.

Todos estos factores favorecieron que la noche del 18 de julio los sublevados tomaran las calles de la ciudad sin apenas resistencia. Más de 500 personas se habían concentrado en la Casa del Pueblo de la calle Núñez de Arce con el fin de organizarse, y esperaban directrices. A media noche se encontraban sitiados por grupos de falangistas y otros civiles armados que les impidieron la salida. Las armas no llegaron jamás. Los sitiados, entre los que había una apreciable cantidad de mujeres y niños, no tenían armamento, y lo que es peor, no tenían ningún plan. Todos ellos fueron detenidos la mañana siguiente por las fuerzas militares que se habían ido uniendo al golpe a lo largo de la noche.

La resistencia en las calles fue prácticamente inapreciable, reduciéndose a algunos paqueos desde los tejados y alguna escaramuza en barrios como las Delicias y Pilarica, donde algunos vecinos intentaron hacer frente a lo que se les venía encima sin ningún resultado.

Con la ciudad tomada por asalto, los sublevados ocuparon Correos, la Telefónica, la emisora Radio Valladolid, la sede de la CNT, y ya entrada la noche, la sede de la VII División en la Plaza de San Pablo, el Gobierno Civil y la Casa Consistorial.

El plan de acción de los sublevados tenía su punto fuerte en la eliminación física de las autoridades republicanas y de los dirigentes de izquierdas.

La eliminación física, es decir, el asesinato, se utilizó ampliamente en la capital y en la práctica totalidad de las localidades de la provincia. Aquellos que no fueron asesinados de inmediato, fueron detenidos y encarcelados. Enseguida comenzaron a celebrarse unos juicios sumarísimos, ilegales a todas luces, en los que se les acusaba de rebelión y de auxilio a la rebelión. Las condenas a muerte se firmaban por decenas. Se incumplieron todas las garantías que hacen que un proceso sea válido. Las defensas eran comunes y estaban a cargo de militares nombrados entre los mismos golpistas. Las sesiones en las que se juzgaba a cientos de personas se despachaban en horas. Las sentencias eran inapelables y se cumplían de inmediato.

Era claramente un plan de exterminio. Los fusilamientos por sentencia se acercaron a 500. Se estima que los asesinatos triplican esa cantidad, aunque desgraciadamente, el número exacto no se conoce. A esto hay que añadir los fallecidos en las prisiones, en los campos de trabajo o a causa de las penalidades sufridas a manos de los asesinos.

El objetivo de los golpistas era hacerse con el poder de forma inmediata y absoluta. Sabemos que no fue así, porque el pueblo español se defendió y defendió la legalidad republicana durante tres largos y heroicos años, luchando con valor y dignidad en aquella guerra provocada por las derechas, los militares desleales, las fuerzas de seguridad traidoras y la iglesia católica.

Pero en Valladolid, como en todas las provincias tomadas desde principio, entró en acción el plan de Mola: destruir al rival político y sembrar el terror entre la población con el fin de neutralizarla.

Por tanto, el objetivo inmediato fue la eliminación de la mayor cantidad de oponentes políticos, de republicanos, de cargos públicos, de sindicalistas, de cuadros y dirigentes de partidos, organizaciones y asociaciones de izquierdas.

Los encargados de llevar a cabo los paseos, torturas y desapariciones fueron grupos de civiles armados, encuadrados en las Milicias Nacionales; militantes de Falange y de otras organizaciones derechistas como las JAP (Juventudes de Acción Popular), apoyados por guardias civiles, militares y policías. Estas acciones se conocían eufemísticamente como operaciones de limpieza, y se realizaron de forma organizada y sistemática, utilizando la violencia de las armas y la superioridad numérica de los agresores sobre las víctimas.

La causa fundamental de los asesinatos cometidos fue, por tanto, ideológica y política. Su objetivo, destruir la cultura política republicana, laica y democrática propugnada por el régimen legal.

La conclusión es que todas estas personas fueron eliminadas, con juicio o sin él, por estar del lado de la democracia. Por defender la democracia. Por ser demócratas.

Hoy se cumplen 83 años del golpe armado. La fecha viene acompañada por el intento, una vez más, de diluir el carácter político de los crímenes del franquismo. Cada vez alzan más la voz todos aquellos revisionistas que intentan despojar a las víctimas de su carácter político e ideológico, evitando que se les reconozca como tales. En ese empeño se ocultan los verdaderos hechos, se equipara a los fallecidos del bando golpista en el frente y arma en mano con las víctimas de los sublevados, sacados de su casa, paseados o pasados por las armas; y por fin, se pretende enterrar a estas personas evitando cuidadosamente todo símbolo que los identifique como víctimas de la sublevación franquista, asesinados por su ideología: víctimas de un crimen político.

Los asesinados lo fueron por sus ideas, por su activismo y por su pertenencia a partidos, sindicatos y organizaciones de izquierdas, y este carácter fundamental ha de estar patente en Memoriales, esculturas, monolitos o simples estelas funerarias. La Memoria Democrática pervive a través de sus símbolos, y estos símbolos han de estar presentes para que jamás se olvide el significado de la sublevación franquista y su carácter criminal.

La ciudad de hoy y de mañana ni lo puede ni lo debe olvidar.

Ayuntamiento Constitucional de Valladolid

Alcalde: Antonio García Quintana, fusilado

Concejales:

José Garrote Tebar, fusilado

Alfredo García Conde, asesinado

Eusebio González Suárez, asesinado

Apolinar Polanco criado, asesinado

Juan Moreno Mateo, asesinado

Mariano de los Cobos, encarcelado

Joaquín Álvarez Taladriz, encarcelado

Enrique Pons Irureta, encarcelado

José López Rumayor, encarcelado

Virgilio Mayo Rubio, encarcelado

José Caballero Catalina, encarcelado

Saturnino Lamarca Molina, encarcelado

Diputación Provincial de Valladolid

Serafín Alcover Gómez-Caro, presidente, condenado a muerte, conmutada

Tomás González Cuevas, vicepresidente, fusilado

Bruno Merino González, vocal, asesinado

Juan Moreno Mateo, diputado de Centros, asesinado

Otras autoridades

Gobernador Civil: Luis Lavín Gautier, fusilado

Nicéforo Velasco Martínez, Inspector Veterinario municipal, fusilado

Celestino Velasco Salinero, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, fusilado

Aurelia Gutiérrez Blanchard, Inspectora de 1ª Enseñanza, asesinada

Arturo Pérez Martín, Catedrático de Física, miembro de la Junta de Gobierno de la UVA, asesinado

Félix Leffler Benito, dirigente de la FUE (Federación Universitaria Española), fusilado

Federico Landrove López, Diputado a Cortes, fusilado

Federico Landrove Moiño, primer alcalde de la República, muere en la cárcel

Eugenio Curiel Curiel, ex concejal, autor de la municipalización del alumbrado público, asesinado

Detenidos en la Casa del Pueblo el 19 de julio:

Todos los cargos públicos o antecedentes políticos son condenados a muerte: 40 en total.

Esta relación es una muestra. A ella hay que sumar a los dirigentes de las fuerzas políticas: partidos socialista, republicanos, comunista; sindicalistas: UGT, CNT; Casa del Pueblo; maestros y profesores; funcionarios públicos… La lista comprende a miles de personas.

Alcaldes de la provincia

(Recogemos únicamente a los alcaldes. Decenas de concejales y otros cargos municipales fueron asesinados)

Aguilar de Campos: Bernardo Quintanilla, alcalde en funciones, muere en la cárcel

Alaejos: Antonio Losada Martín, asesinado

Alcazarén: Juan Herrero Vadillo, fusilado

Aldea de San Miguel: Jacinto González Noriega, excarcelado para morir.

Barcial de la Loma: Modesto Rodríguez Porrero, asesinado

Cabezón de Pisuerga: Eugenio Garrido de la Peña, fusilado

Casasola de Arión: Mateo Gómez Díez, fusilado

Castrobol: Orosio García Alonso, Castrobol, fusilado

Castronuño: Germán Cea Prieto, muere en la cárcel

Cervillegos de la Cruz: Lucio Garrido Pericacho, asesinado

Cigales: Ángel Sotillo Simón, asesinado

Corcos: Angel Sancho Valdés, asesinado

Curiel de Duero: Félix Agustín Mínguez Angulo, asesinado

Fontihoyuelo: Ricardo Conde Borge, asesinado

Fresno el Viejo: Gregorio Alonso Rodríguez, asesinado

Laguna de Duero: Gerardo Cabañas Fernández, fusilado

La Parrilla: Demetrio González Sanz, asesinado

Lomoviejo Wenceslao Paniagua Guerra, asesinado

Mayorga: Pedro Fernández Rodríguez, asesinado

Medina de Rioseco: Bruno Merino González, asesinado

Melgar de Abajo: Donato Merino Alonso, fusilado

Mojados: Francisco Arranz García, fusilado

Monasterio de Vega: Patricio Calzada Fernández, asesinado

Mota del Marqués: Jesús Alonso Sacristán, muere en la cárcel

Mucientes: Baldomero Redondo Mintegui, asesinado

Nava del Rey: Cirilo Moro Colodrón, fusilado

Nueva Villa de las Torres: Victoriano Hernández, asesinado

Olmos de Peñafiel: Félix Asenjo Cano, fusilado

Peñafiel: Isaías Velasco Rozas, en funciones, fusilado

Peñaflor de Hornija: Teodoro Gozalo Sacristán, asesinado

Pollos: Clemente Reoyo González, asesinado

Pozal de Gallinas: Raimundo García Pérez, en funciones, fusilado

Puente Duero: Aquilino González Zorita, fusilado

Quintanilla de Abajo: Bernardino Castrillo Soto, fusilado

Renedo de Esgueva: Casimiro Maestro Calvo, asesinado

Roales de Campos: Secundino Chamorro, asesinado

Rodilana: Marcos Pérez Prieto, asesinado

Rueda: Alejandro Benito San Pedro, en funciones, asesinado

Saelices de Mayorga: Martín Ramos de la Viuda, asesinado

San Cebrián de Mazote: Baudelio Urueña Pérez, en funciones, asesinado

San Martín de Valvení: Máximo Núñez Bernal, muere en la cárcel

Santa Eufemia del Arroyo: Evaristo Rodríguez Santos, en funciones, muere en la cárcel

Santibáñez de Valcorba: Isaac Berzosa Sanz, excarcelado para morir

Tiedra: Gregorio Álvarez Rafael, asesinado

Torrecilla de la Abadesa: Mariano Juárez Salgado, asesinado

Torrecilla de la Orden: Celestino Muñoz del Castillo, en funciones, asesinado

Traspinedo: Doroteo Rodrigo Santaolalla, asesinado

Tudela de Duero: Pablo Arranz Sanz, fusilado

Urueña: Olivio Ramos Montero, muere en la cárcel

Valdestillas: Teófilo Fadrique Puras, asesinado

Velilla: Abraham García Ortega, asesinado

Velliza: Luis Castellanos, asesinado

Ventosa de la Cuesta: Gaudencio Cantalapiedra Ventosa, asesinado

Viana de Cega: Antolín Díaz Miguel, fusilado

Villabáñez: Patricio Hernández, alcalde en funciones, asesinado

Villacarralón: Florencio Gómez Abián, asesinado

Villacid de Campos: Miguel González Collantes, fusilado

Villafrechós: José Espeso Carpintero, asesinado

Villagómez La Nueva: Fortunato Pisonero Ibáñez, asesinado

Villalán: Manuel Iglesias Castro, muerto en la cárcel

Villalar de los Comuneros: Cándido Losada Martín, fusilado

Villalón de Campos: Eusebio Blanco Maroto, fusilado

Villamuriel de Campos: Nemesio Abad Casquete, asesinado

Villanueva de San Mancio: Licino Blanco Santiago, asesinado

Villanubla: Ciriaco Velasco Redondo, asesinado

Villardefrades: Juan Calleja Vicente, asesinado

Villavaquerín: Maximiliano San José Alonso, asesinado

Wamba: Gerardo González Merino, fusilado

Zaratán: Pedro Antonio González del Moral, fusilado

Origen: Los crímenes políticos en el Valladolid de 1936 – últimoCero | Noticias de Valladolid