Trabajos forzosos, electroshock y lobotomía: así eran las terapias en España para «curar» la homosexualidad

Como respuesta a cierta apertura en la época franquista, en 1970, apareció la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que contemplaba «penas de hasta cinco años en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados como peligrosos para que se rehabilitarán»

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A lo largo de los siglos, en España se pasó del rechazo más absoluto a la homosexualidad, hacia la tolerancia, luego la comprensión y finalmente el respeto y la igualdad. La batalla fue lenta, dolorosa y con varios pasos hacia atrás. Aún a principios del siglo XX, la izquierda y la derecha coincidían en su percepción negativa sobre esta orientación sexual . Unos porque la consideraban inmoral y degenerada desde el punto de vista religioso; otros, los sectores de la izquierda, porque lo imaginaban un vicio decadente propio de los aristócratas, sacerdotes y modernistas. Sin ir más lejos, se suele atribuir a la célebre feminista Carmen de Burgos una amenaza bastante poco velada: «Cuando los de Pablo Iglesias lleguemos al poder, a los homosexuales se les pondrá en su sitio».

En tiempos remotos la «sodomía» era condenada con la muerte (en 1497, los Reyes Católicos mandaron que «cualquier persona, de cualquier estado, condicion, preeminencia o dignidad que sea, que cometiere el delito nefando contra natura […] que sea quemado en llamas de fuego en el lugar, y por la Justicia a quien pertenesciere el conoscimiento y punicion del tal delit»), pero lo cierto es que en la historia contemporánea del país nunca hubo un exceso de celo a la hora de perseguir a los homosexuales. El Código Penal de 1822 no recogía como un delito debido a la inspiración francesa de la ley, país donde se despenalizó la homosexualidad en 1791, mientras que en los códigos penales de 1848, 1850 y 1870 se castigaba solo con la ambigua figura del «escándalo público» .

La corriente que ganaba terreno en vísperas de la Segunda República era la de que, más que un delito, era una enfermedad que había que curar. Médicos de la época como Gregorio Marañón consideraban la homosexualidad una «perversión» debido a factores hormonales alterados:

«Es, pues, indudable, que en un muchacho cualquiera una educación de tipo muy varonil estimulará el desarrollo no sólo de sus hábitos viriles… sino el desarrollo de su tejido específico, de sus órganos viriles, es decir de una condición anatómica y permanente. A la vez, naturalmente, se dificultará el desarrollo de sus elementos femeninos. E inversamente sucederá en una muchacha, según se eduque o no en un ambiente de feminidad… El aumento que hoy observamos de muchachas con estigmas físicos de virilización … me parece sin duda debido al exceso de deporte, es decir, al abuso de una actividad viril».

La etapa de Primo de Rivera fue, a nivel legal, un paso atrás para las personas homosexuales. La obsesión del dictador por la supuesta regeneración moral y la extinción de las bajas pasiones se materializó, en 1928, cuando se prohibieron los actos «antinaturales» tanto en heterosexuales como en homosexuales. No en vano, el nuevo Código Penal de 1928 introdujo un agravante por prácticas homosexuales que incrementa notablemente la pena en comparación con haber cometido el mismo delito un heterosexual. Por ejemplo, el artículo 69 sobre «abusos deshonestos» especificaba que «cuando tuviere lugar con personas del mismo sexo del culpable, se impondrá la pena de dos a doce años de prisión», muchos más que en el mismo caso pero siendo con distinto sexo.

Con la proclamación de la Segunda República , Luis Jiménez de Asúa, militante del PSOE, y la parlamentaria del Partido Radical Socialista Victoria Kent redactaron un nuevo Código Penal que suprimió los agravantes de homosexualidad introducidos por Primo de Rivera. La Guerra Civil rompió con todos estos avances y vislumbró la represión de los republicanos que habían vivido su homosexualidad de manera más abierta. El poeta García Lorca no fue el único fusilado por su condición, pero sí el más célebre.

Aunque al principio el régimen estuvo más preocupado por sus enemigos políticos que por los homosexuales, la dictadura limitó a la mínima expresión los escasos espacios públicos que habían logrado conquistar en la primera parte del siglo XX. Además, en 1954 se puso la base legal para su persecución modificando la Ley de Vagos y Maleantes , impulsada originalmente por la II República para «el control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas», con el objetivo de incluir a los homosexuales entre los delitos perseguidos. A quienes se les aplicaba ‘la Gandula’ se los podía enviar de uno a tres años a realizar trabajos forzados picando piedra en las canteras o en la construcción de nuevos caminos y carreteras. En estos lugares eran objeto de abusos y humillaciones de toda clase.

A partir de los sesenta, se empezó a vislumbrar ciertos avances en el país, aunque siempre en un plano privado, gracias a la llegada del turismo, al surgimiento de bares de ambiente y a una clase media que empezó a viajar y conocer otros mundos. Una vez más a la acción, le siguió sus reacción… Como respuesta a esta pequeña apertura sobre todo en zonas costeras, en 1970, apareció la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que contemplaba «penas de hasta cinco años en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados como peligrosos para que se rehabilitarán». El fiscal de Málaga celebraba la nueva ley en el Memoria del Tribunal Supremo de 1971 debido al «aumento del nefando vicio sodomítico, fomentado en la Costa del Sol por elementos extraños que allí se congregan».

La Ley de Peligrosidad Social castigaba los «actos de homosexualidad», pero no a los homosexuales por su condición en sí, lo que suponía retornar a los tiempos de Marañón. Es decir, se creía que no era un delito, sino una enfermedad que debía curarse. Como explica Monferrer Tomàs, profesor de la UNED en su estudio ‘ La construcción de la protesta en el movimiento gay español: la Ley de Peligrosidad Social (1970) ’, «los invertidos sexuales se catalogaban en genuinos congénitos (o de nacimiento) u ocasionales (viciosos)» y la ley hablaba de curarlos como «método de prevención del contagio» y, en vez de aislarlos en prisiones o manicomios, se les llevaba a centros para rehabilitarlos.

Las mujeres lesbianas y bisexuales no llegaron a sufrir esta persecución tan dura porque legalmente no se las perseguía y eran invisibles, pero los homosexuales denunciados sistemáticamente internados en centros donde se les intentaba reconvertir en heterosexuales con terapias eméticas y eléctricas (electroshock). Si todo esto no funcionaba, el método más radical era la lobotomía: una intervención quirúrgica para modificar el cerebro. Esta se practicaba en clínicas privadas y en la cárcel de Carabanchel, como expliaca Javier Ugarte Pérez en su obra ‘Una discriminación universal’ (Egales, 2008).

También en los países democráticos, incluido EE.UU, había por entonces leyes hostiles a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. Justo cuando en España se estaba tramitando la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social , en un barrio de Nueva York se produjo una serie de manifestaciones y protestas violentas tras la enésima redada contra el pub conocido como Stonewall Inn . Estas protestas marcaron un punto de inflexión para el movimiento LGTB internacional y pusieron los cimientos de las primeras asociaciones y protestas en España.

A la muerte de Franco, las protestas ganaron cada vez más volumen despenalizar esta elección sexual, lo cual no ocurrió hasta 1979. Es más, tres años más tarde se aprobó la Ley de Escándalo Público contra las conductas provocadoras (nudismo, exhibicionismo, ‘voyeurismo’ u homosexualidad), que permitía detenciones por el simple hecho de que dos hombres fueran cogidos de la mano por la calle. Formalmente, la derogación total de la Ley de Peligrosidad Social no se produjo hasta 1995.

Origen: Trabajos forzosos, electroshock y lobotomía: así eran las terapias en España para «curar» la homosexualidad