Del duque de Alba a un fundador de Falange: la carta de 27 magnates exigiendo abdicar a Franco

En la misiva, fechada el 15 de junio de 1943, tres decenas de nobles solicitaban al dictador que diese paso a un régimen monárquico

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Le salió caro el ‘qué dirán’ a Francisco Franco. En 1942, en un intento de dar una pátina de democracia a su dictadura, instauró por ley las Cortes el 17 de julio. Aunque con reservas; la primera, guardarse el derecho a nombrar al grueso de los procuradores que las vertebrarían. Cándido en parte, en febrero de 1943 seleccionó a dedo a un abanico de monárquicos para el cargo. Buscaba que se extendiera esa sensación de que arribaba una restauración del Rey; pero era solo eso, un espejismo. Aquello le estalló en la cara el 15 de junio, cuando varios de estos políticos, unidos a otros tantos nobles y magnates españoles, le enviaron una carta en la que le exigían abandonar el poder y dejar paso al legítimo heredero al trono. Casi nada.

Y poco de mindundis tenían los firmantes; más bien eran notables de la política y la jurisprudencia. El más importante tenía nombres y apellidos con solera: Jacobo Fitz-James Stuart, el XVII duque de Alba. A Franco no le pilló por sorpresa. Desde el final de la Guerra Civil, el dictador conocía sus vaivenes políticos y sus anhelos monárquicos; pero, como a pillo no le ganaban, le mantenía en el cargo de forma muy gallega para aprovechar su íntimo contacto con Winston Churchill. Tal y como recogen Juan Fernández-Miranda y Jesús Calero en ‘Don Juan contra Franco. Los papeles secretos del régimen’, recibía informes periódicos sobre sus conspiraciones a favor de Don Juan. Sabía lo que había.

Lo cierto es que el duque, entonces embajador de España en Londres, tampoco se esforzaba demasiado por esconder sus tendencias monárquicas. Tras varias turbulencias en una relación ya de por sí tensa, Alba criticó una infinidad de veces entre bambalinas la dictador –«El generalito… yo sé de qué pie cojea»– y, en una ocasión, hasta reunió a los corresponsales extranjeros en la ciudad londinense para comunicarles que le habían retirado el pasaporte para que no viajara a una reunión con Don Juan. «Es la primera vez en quinientos años que un duque de Alba no puede acudir a la llamada de un rey», informó, escocido. Que su nombre apareciera entre aquellos 27 próceres no fue una novedad para el Generalísimo.

Tampoco le extrañó a Franco que entre aquellos nobles, magnates y próceres estuviese Alfonso García Valdesecas, uno de los fundadores de Falange Española junto a José Antonio Primo de Rivera. Lo cierto es que el tipo no podía quejarse, pues el dictador le había nombrado consejero nacional en 1937 y subsecretario de Educación Nacional tras la formación del primer Gobierno Nacional en Burgos. Sin embargo, su relación con Alfonso XIII en Roma le convenció de que, tras la Guerra Civil, lo más acertado era que España se zambullera de lleno en una Monarquía.

Se dice que lo cortés no quita lo valiente, y la misiva de los gerifaltes del franquismo no fue menos. Al calor de una fórmula tan caballerosa como obligada –«excelentísimo señor»– arrancaron su mandoble a la dictadura. Aunque no empezaron con un directo a la mandíbula, sino con los clásicos circunloquios dialécticos destinados a rebajar la tensión: «Los que suscriben, procuradores de Cortes, creerían faltar a un deber que la ley les impone, si en este momento grave de la vida de España no hicieran llegar a V. E. su pensamiento en orden a organización del régimen político de nuestro país». Y añadieron que habían preferido enviarle un escrito personal que tramitar una proposición de ley y generar el caos en el país.

De ahí, al grano. Lo primero que esgrimieron los procuradores fue que la dictadura había sido eficiente durante un tiempo para paliar las desgracias que se habían sucedido tras el final de la Guerra Civil, pero que ya era hora de dejarla a un lado: «No es posible realizar eficazmente la labor encomendada a las Cortes, sin resolver el problema esencial de la definición y ordenamiento de las instituciones fundamentales del Estado. Ello sería indispensable en cualquier momento de la Historia. Sólo en períodos transitorios, un régimen personal, sin definición institucional precisa, puede constituir un enlace entre situaciones diversas».

Sin tiempo para respirar, enumeraban las primeras críticas a la dictadura: «Los regímenes personales no pueden, sin grave riesgo, prolongarse. Por la inseguridad que determinan en el espíritu público, por la incertidumbre que es consecuencia necesaria de las contingencias físicas inevitables en toda persona humana».

Cada uno se agarra a su particular clavo ardiendo; el de aquellos próceres fue la Segunda Guerra Mundial. Tras los reveses del ‘Afrika Korps’ de Erwin Rommel y el desembarco aliado en Sicilia, la caída del águila nazi empezaba a barruntarse en la lejanía. Los magnates, decían, se olían el final del conflicto y, como consecuencia, aconsejaron a Franco que dejara paso a un régimen nuevo y más sólido. Si norteamericanos y británicos vencían, o eso barruntaban, castigarían a las dictaduras a golpe de látigo económico:

«La terminación de la guerra mundial amenaza conmover con sus fatales repercusiones la vida de los pueblos. Es indispensable que, cuando ello ocurra, España no se encuentre en período constituyente y que un régimen definitivo, conforme a la tradición española, y adaptado a las circunstancias del momento presente, oponga un dique infranqueable a los embates de los factores externos o internos de disolución y de revuelta. Para ello, es indispensable que se haya concretado y establecido sólidamente la base fundamental del régimen político de España: el poder supremo del Estado».

¿Cuál era ese ‘régimen definitivo’ que anhelaban aquellos próceres del franquismo? Sencillo: «La constitución definitiva de España debe fundarse en el régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica: la Monarquía Católica Tradicional». Urgía, o eso esgrimieron mil y una veces a lo largo del texto, hacer el cambio a toda velocidad. Y por dos causas. La primera, lograr «la unidad moral entre los españoles»; la segunda, «inspirar en el exterior confianza en que España habrá de colaborar eficazmente en la organización del orden nuevo que prevalezca en el mundo al llegar la paz». Porque sí, también estaban convencidos de que la dictadura sería apartada a nivel político cuando dejasen de tronar los cañones y repiquetear las ametralladoras MG-42.

Los 27 sostenían que, «si el régimen que, al terminar la guerra, está establecido en nuestra Patria reúne estas dos características esenciales, España, por sí misma, en Inteligencia con Portugal y en conjunción con las naciones hispanoamericanas», podría desempeñar un papel de primer orden en varios ámbitos. Desde la restauración de la Europa devastada, hasta la organización del mundo futuro. A nivel exterior no negaban que los años que se avecinaban se planteaban duros; en parte, por la mala situación de las colonias en África, donde nuestro país regía en varios territorios. Sin embargo, entendían que la «necesaria política de neutralidad» solo podría ser orquestada a la perfección por la Monarquía.

Tampoco negaban los retos internos: «En cuanto a nuestra situación interior, ello plantea el problema de la evolución política de nuestro régimen, por una parte, con caracteres de urgente conveniencia; por otra, con medios de realizarla en condiciones de tranquilidad y de autodeterminación libre de toda presión o sugestión externa». Huelga decir que la petición no sirvió de nada. Esta «moción respetuosa inspirada por el deseo y la esperanza» de que Franco completara «su más alta misión histórica» solo soliviantó más a un dictador que veía demasiados fantasmas a su alrededor.

Cuesta hallar el germen que motivó a los monárquicos a levantarse, de forma más o menos escandalosa, contra Franco. Aunque sí existen algunas figuras ligadas desde el final de la Guerra Civil a esa tendencia. La principal fue, tal y como recogen Juan Fernández-Miranda y Jesús Calero en ‘Don Juan contra Franco. Los papeles secretos del régimen’, Alfredo Kindelán. El militar fue un firme defensor de entregar el poder al del Ferrol, pero solo de forma temporal y como medio para reinstaurar en el país a la Familia Real. Este oficial llegó a explicar que «unos doscientos mil monárquicos españoles odian a Franco y desean que salga sin demora del poder» en una entrevista concedida al ‘International News Service’.

El historiador Luis E. Togores, por su parte, afirma en ‘Franco frente a Hitler. La historia no contada de España durante la Segunda Guerra Mundial’, que «la camarilla de asesores y monárquicos que rodeaban al pretendiente comenzó a trabajar para intentar el regreso a España de los Borbones» en el mismo instante en el que el Tercer Reich asaltó Polonia. En sus palabras, tanto ellos como una serie de generales del bando nacional con las mismas ideas políticas intentaron convencer al dictador de que abandonara el poder en favor de Don Juan de Borbón. Para ello, barruntaron incluso acercarse a Alemania a cambio de que su ejército expulsara al Caudillo del mando.

A partir de entonces el camino fue largo, el trabajo duro y los monárquicos que se sumaron a esta causa en la sombra, muchos más. En la década de los cuarenta uno de los vértices sobre los que giraban todos los conspiradores era Eugenio Vegas Latapié, un defensor de Don Juan dispuesto a casi cualquier cosa para arrebatar el mando a Franco. A su son se alinearon militares tan reconocidos durante la Guerra Civil como Juan Yagüe –famoso por dirigir las defensas en el frente del Ebro–, Agustín Muñoz Grandes –comandante de la División Azul– o, entre otros tantos, Gonzalo Queipo de Llano.

Origen: Del duque de Alba a un fundador de Falange: la carta de 27 magnates exigiendo abdicar a Franco