¿Fue la Segunda República una democracia plena? Los historiadores responden

El puntual retraimiento de la derecha monárquica y católica en las elecciones constituyentes dio una fotografía irreal de cómo era la voluntad popular en esas fechas y de cómo debía ser la carta magna

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Hace noventa años se proclamó una república democrática que, aunque carecía del aval de un referéndum o de unas elecciones legislativas (de hecho, en las municipales triunfaron las fuerzas monárquicas en número de concejales), vio aceptada su legitimidad por la mayor parte del espectro político. Los republicanos de izquierda, los socialistas y los radicales de centro impulsaron la llegada de la Segunda República, pero solo una minoría demostró un verdadero compromiso con las normas del sistema electoral parlamentario. Para el resto, la república no era tanto un sistema político como un programa de reformas culturales e institucionales para el cual era indispensable eliminar a los católicos y a los conservadores de cualquier influencia política. Un instrumento, un medio, pero no una meta.

«La dificultad para asentar un régimen democrático en la España de los años treinta tuvo mucho que ver con el muy generalizado desprecio de los actores políticos hacia la cultura liberal del pacto», asegura el historiador Fernando del Rey en la obra colectiva ‘Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española’, donde ejerce como coordinador. « Actitudes como pactar y dialogar, fundamentales en cualquier sistema que aspire a proteger y amparar el pluralismo social y político, fueron denostadas como parte de otra época ya extinta», apunta este mismo autor.

Unas cortes distanciadas

La República no fue levantada por algunos de sus actores protagonistas como una democracia tal y como la entendemos hoy, esto es, como la libre competencia de los partidos por el gobierno. «La Segunda República se concibió como una ruptura política que debía instituir el dominio de los partidos de la conjunción republicano-socialista presentes en el Gobierno Provisional del 14 de abril de 1931, de modo que el sufragio universal sólo sirviera para ratificar ese mando y no para cuestionarlo», señala el historiador Roberto Villa, que resalta que el PSOE incluso veía la democracia como «la estación de tránsito a otro régimen distinto, exclusivamente suyo. De ahí que casi nadie aceptara nunca una derrota electoral».

El pecado original de la Segunda República nació con la propia constitución de 1931. Las Cortes constituyentes estaban, en palabras de Alcalá-Zamora, «muy distanciadas de la efectiva y serena representación nacional», de modo que redactaron una carta, de espaldas a la mayoría católica, lejos de la ‘república de orden’, centrada, liberal y burguesa que algunos habían imaginado. «La Constitución de 1931 debía haberse convertido en el pilar sobre el que montar un nuevo sistema democrático que superase de manera definitiva la España caciquil de la Restauración, que además había sido apuntillada por la dictadura de Primo de Rivera. Aquella Carta Magna con un claro sesgo hacia la izquierda contribuyó a crear una división que llegó a su punto culminante con la aprobación del artículo 26 sobre la cuestión religiosa y la inmediata dimisión de Alcalá-Zamora como Presidente del Gobierno Provisional», argumenta Javier Arjona, historiador, director del Aula de Cultura de ABC y experto en la figura del presidente de la República.

El puntual retraimiento de la derecha monárquica y católica en las elecciones constituyentes dio una fotografía irreal de cuál era la voluntad popular en esas fechas. El 90% de los escaños de las constituyentes que siguieron a la caída de la monarquía estaban representados por políticos de la Conjunción Republicano-Socialista, que ni siquiera incluían las demandas de gente tan indudablemente republicana como Lerroux y Alcalá-Zamora. En solo dos años, la victoria de la CEDA y la gran fuerza electoral de los republicanos de centro puso de manifiesto que la Segunda República era mucho más diversa, y conservadora, de lo que su constitución había establecido.

«El diseño institucional tampoco respondía al principio de la división y el equilibrio de poderes, pues otorgaba a la Cámara única, esto es, a una mayoría parlamentaria coyuntural, un poder prácticamente soberano. Al menos, todo eso nos sirvió para aprender en 1978», defiende el historiador Roberto Villa, autor de ‘1917. El Estado catalán y el soviet español’ y ‘1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular’, ambos publicados por Espasa.

La primera democracia de la historia de España

Si bien el historiador Javier Tusell definió este periodo político como una «democracia poco democrática», otros autores, como el también historiador Francisco Sánchez Pérez, reivindican su éxito inicial como «un régimen democrático de masas bastante avanzado para la época y de voluntad modernizadora». Opinión muy pareja a la de Edward Malefakis, que afirma en su libro ‘La Segunda República española en perspectiva comparada’ (Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 2014) que «a pesar de todos sus defectos –que fueron múltiples–, la República de abril de 1931 estuvo envuelta en una nobleza que la hizo excepcional tanto en su tiempo como en el conjunto de la historia de España y Europa».

Aunque muchas de las políticas aprobadas se quedaron en el campo de lo declarativo y, en muchos casos, fueron limitadas o eliminadas en los distintos bienios, no se pueden olvidar los numerosos avances sociales y culturales que de la mano republicana transformaron por completo España, entre ellos la extensión del sufragio a las mujeres, las reformas sociales, la ampliación de los derechos ciudadanos a las capas populares, la política educativa, aunque por el camino se descuidara algo tan básico para estabilizar una democracia como el respeto por el pluralismo político y la alternancia entre distintas fuerzas.

«Fue la primera democracia de la historia de España con sus aciertos (la renuncia a la guerra como instrumento de la política nacional, la reforma educativa, el gran impulso cultural, la política social del primer Bienio republicano…), y sus errores (constitucionalizar el problema religioso, poner en marcha una reforma agraria sin fondos para las correspondientes indemnizaciones, no saber explicar a los militares la imperiosa necesidad de la reforma del ejército que se emprendió…)», expone Alberto Reig Tapia, catedrático de la Universidad Rovira i Virgili con motivo del 90 aniversario de la proclamación. Este historiador, además, recuerda que «la democracia actual no surge ex nihilo y sus orígenes y fuentes de inspiración no pueden ser otros que la experiencia democrática precedente: la Segunda República».

Llega la violencia

Roberto Muñoz Bolaños, por su parte, defiende en ‘Las conspiraciones del 36: Militares y civiles contra el Frente Popular’ que se trató de «una democracia sin demócratas» donde, en mayor o menor medida, la mayoría de líderes políticos conspiraron contra el régimen en algún momento. Tanto la derecha como la izquierda y, en general, las diferentes opciones políticas, consideraban la fuerza como una alternativa aceptable al sufragio. La posesión de pistolas entre parlamentarios era parte del paisaje y los disparos en las calles algo cotidiano.

«La verdad es que fue una constante de todo el periodo, desde 1931 hasta 1936, que en general se va agravando año a año. Sencillamente, en ese quinquenio, determinados sectores políticos de la extrema izquierda y la extrema derecha, pero especialmente la extrema izquierda, y ahí están los números para ratificarlo de manera abrumadora, pensaban que la violencia era un instrumento útil y legítimo de cambio político para imponer su modelo de sociedad privativo y, desde luego, para evitar la consolidación de sus adversarios políticos en el poder», argumenta Roberto Villa. Entre 1930 y 1936 hubo nada menos que siete sublevaciones: tres de ellas anarquistas, dos republicano-socialistas y dos de militares de derechas

Otras democracias europeas, que como la italiana, la checa o la alemana, también sufrieron tensiones similares en un periodo que ha sido denominado como ‘la década del odio’. «La violencia política no fue en absoluto una excepción española, sino un signo más de aquellos agitados tiempos en que el surgimiento del fascismo y el comunismo se disponían a arrasar los regímenes demoliberales de la época», apunta Reig Tapia, que, eso sí, advierte que la violencia nunca surge por generación espontánea: «La crisis de las democracias ‘decadentes’, ‘inoperantes’, ‘burguesas’, según la rechazaban unos y otros, se solventó en Europa con el triunfo y reforzamiento del sistema liberal democrático tras el triunfo de las mismas en la II Guerra Mundial…, salvo en España, que fue ignominiosamente abandonada a su suerte».

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