La «trágica» represión de Franco tras la Guerra Civil: nuevos datos para un debate eterno

Miguel Platón publica un ensayo sobre los condenados a muerte por causas políticas durante el régimen franquista, tras acceder por primera vez a los expedientes de la Asesoría Jurídica del Ejército, «ocultos en un armario del Cuartel General durante décadas»

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Franco lo advirtió públicamente en el primer mensaje de fin de año que pronunció por radio, desde el palacio de El Pardo, tras ganar la Guerra Civil: «Un imperativo de justicia impone no dejar sin sanción los horrendos asesinatos cometidos, cuyo número rebasa los cien mil, como sin corrección a quienes, sin ser ejecutores materiales, armaron los brazos e instigaron al crimen. Se nos crea así el deber de enfrentarnos con el problema de una elevada población penal ligada con vínculos familiares a un gran sector de nuestra nación».

Muchos historiadores han sugerido que el dictador podría haber reunificado a su pueblo y curado algunas heridas con una amnistía para todos, pero no existe la menor indicación de que Franco lo considerara en serio. Todo lo contrario, como dejó claro en aquel discurso de Nochevieja de 1939: «Necesitamos una España unida. Es preciso liquidar los odios y las pasiones de nuestra pasada guerra, pero no al estilo liberal con sus monstruosas y suicidas amnistías, que encierran más de estafa que de perdón».

Basta con leer algunos de los casos inéditos recogidos por el periodista Miguel Platón en ‘La represión de la posguerra. Penas de muerte por hechos cometidos durante la Guerra Civil’ (Actas, 2023), para imaginarse la angustia, el horror y la arbitrariedad sufridas por los republicanos que se encontraban presos al acabar el conflicto. En total, 22.337 expedientes que se encontraban perdidos y olvidados en unos armarios del Cuartel General del Ejército, ubicado en la calle Alcalá de Madrid. Su hallazgo fortuito ha permitido sacar a la luz, por primera vez, la información de la Asesoría Jurídica sobre las condenas a muerte remitidas a Franco, entre 1939 y 1975, para que decidiese la conmutación de las penas capitales o su ejecución.

«Se hallaron en 2010 de pura casualidad», asegura a ABC. El investigador explica que, «con buen criterio», se envió toda la documentación al Archivo General Militar de Ávila. Una vez allí, los archiveros efectuaron un primer trabajo de clasificación, colocando cada expediente en una carpeta, con sus nombres correspondientes, e introduciéndolos en cajas con la numeración original. Platón supo de su existencia en 2015, gracias a un amigo coronel, antes de que ningún investigador pudiera consultarlos. «En 2017 empecé a ir todos los días. Eso ha sido lo más complicado, estar casi seis años leyendo miles y miles de expedientes, uno a uno, algunos manuscritos por los propios condenados o por sus familiares y amigos pidiendo el indulto. Otros mecanografiados y en mal estado. Era muy interesante tener en mis manos una parte importante de la historia de España, pero a la vez era tedioso… Mil expedientes y otros mil y mil más. Pronto descubrí, además, que el número de condenados era muy superior, porque algunos de los expedientes contenían dos, tres y hasta 21 nombres», recuerda.

Por ejemplo, Luis Beltrán Nebot, un joven miliciano castellonense que fue juzgado por un consejo de guerra, en marzo de 1940, sin saber de qué le acusaban hasta que llegó a la vista. Allí le dijeron que era, supuestamente, por participar en una matanza de presos en un barco-prisión de Grao de Castellón. En una carta, sus padres alegaron que «el juzgado instructor no le había interrogado» sobre el «tremendo asesinato». El expediente incluía, también, nueve declaraciones de milicianos que aseguraban que ese día «Luis se encontraba de guardia y no participó en los crímenes». A pesar de ello, fue ejecutado.

Uno de los casos más significativos hallado por Platón fue el del periodista de 31 años Manuel Navarro Ballesteros, que entre 1936 y julio de 1938 fue director del periódico ‘Mundo Obrero’, órgano oficial del Partido Comunista. Fue acusado de «publicar artículos en los que alentaba a las masas a la rebelión y al crimen». Su hermana, viuda de un militar franquista «muerto por Dios y por España en la Cárcel Modelo de Madrid», declaró que, «si bien es culpable de delitos políticos, no ha cometido ninguno de los llamados de sangre o robo» e «hizo cuanto pudo para salvar a su malogrado esposo». Tampoco le sirvió de nada: fue fusilado.

Diferente suerte corrió Arturo García Manzano, de 21 años, afiliado a la UGT y al PCE. Llegó a capitán del Ejército Popular y le condenaron a muerte en Cartagena, Murcia, en febrero de 1940. En su defensa, sin embargo, acudieron dos camisas viejas de la Falange. Uno de ellos declaró: «En prisión me favoreció con regalos de ropas, tabaco, víveres y dinero, tanto a mí como a mi familia. Gracias a ello no hemos perecido todos». Fue indultado.

En otras cartas, los procesados o sus familiares efectuaban elogios exagerados a Franco, en su lógico afán por lograr la gracia del perdón. Es el caso de Antonio López, preso en la cárcel de Iznalloz, Granada, que escribía: «Me espanta la muerte, pero más el abandono en que habría de dejar a mi mujer e hijos. Y más porque quisiera vivir para gozar de esta nueva era de redención que con tanto talento y altísimas dotes ha sabido dotar a España el mejor de todos sus hijos, nuestro insigne y magnánimo caudillo».

Son miles de expedientes inéditos que, sin duda, alimentarán una de las mayores controversias que existen sobre la Guerra Civil y la posguerra: el número de ejecuciones políticas perpetradas por el franquismo. Un debate polémico en el que han participado algunos de los hispanistas más respetados del mundo, sin que jamás hayan llegado a un acuerdo.

Durante mucho tiempo, la cifra más difundida fue la del periodista estadounidense Charles Foltz Jr., que fue corresponsal de Associated Press en España entre 1941 y 1946. En 1948 publicó ‘The Masquerade In Spain’ (‘La mascarada en España’), donde contó que dos funcionarios del Ministerio de Justicia le revelaron que el número de fusilados ascendió a 190.000. Según Platón, esta cifra procedía, en realidad, del número de inscripciones judiciales de muertos entre el 1 de enero de 1939 y el 31 de diciembre de 1942, que recogían todos los fallecidos sin asistencia médica, desde muertes repentinas a simples accidentes.

La estimación, sin embargo, fue asumida por autores como Gabriel Jackson, que en 1965 aseguró que hubo 200.000 prisioneros «rojos» ejecutados o muertos por enfermedades. «Estaba loco, no tenía fuentes. Especulaba, nada más, al igual que la de Folks. La mayoría de historiadores extranjeros no han dado una cifra global porque no tenían fuentes. Alguno se atrevió, como los 30.000 de Paul Preston, pero no la volvió a repetir en ningún libro», subraya.

Aunque las cifras superiores a cien mil ya no se consideran fiables, los investigadores actuales defienden que los ejecutados en la posguerra fueron 50.000. Es el caso de Peter Anderson, Frances Lennon y Antony Beevor. Este último va más allá: «Es posible que la cifra de 50.000 ejecutados que venía considerándose hasta ahora como probable, haya que corregirla al alza». «¿De dónde sacan esa cifra? –se pregunta Platón–. Pues de ninguna parte. Las únicas fuentes documentales precisas son las investigaciones que hace unos años hicieron la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Madrid. En ambos casos, la cantidad que dedujeron mediante las inscripciones de los registros en los cementerios coinciden con las mías en esas dos regiones: en Cataluña, 3.200, y en Madrid, 3.000».

Para sus cálculos también se ha basado en los tres libros de registro que había junto a los expedientes, en los que habían anotado, a mano, los nombres y circunstancias de los condenados. En total sumaban 24.949 desde el 1 de octubre de 1939 hasta el 30 de junio de 1960, a los que añadió 54 más hasta noviembre de 1975. Según estos datos, se remitieron a Franco 25.003 condenas a muerte, de las que habría conmutado 12.851, el 51,4%. La última pena capital tiene fecha del 18 de noviembre de 1975 y corresponde a un soldado de Smara, en el Sahara Occidental, indultado por el Rey Juan Carlos I. «Hubo represión extrajudicial, claro, asesinatos y venganzas en los meses posteriores a la guerra. ¿Cuántos fueron? Algunos historiadores los cifran entre mil y tres mil, pero no hay documentación», aclara.

Por lo tanto, el número de ejecutados por causas políticas a partir del 1 de abril de 1939 ascendió, según la investigación de Platón, a 14.000 o 15.000 sobre una cifra aproximada de 30.000 condenas. Esto supone una reducción importante de la cifra defendida por la mayoría de los historiadores actuales. «No temo que me acusen de blanquear la represión franquista, porque en todos los casos que cito doy el número de caja y expediente para que cualquiera pueda comprobarlo. No hay trampa ni cartón, son cifras. A partir de ahí, a usted pueden parecerle más o menos graves», advierte.

Platón llega a una conclusión igual de importante: «La etapa de la posguerra fue muy trágica, porque 15.000 ejecutados es una barbaridad, pero desde luego no son los 50.000 que se han difundido. Los hechos son los que son, ni más ni menos. Por tanto, la principal conclusión que saco es que, a pesar de lo dicho, hubo un procedimiento. ¿Era un procedimiento judicial y penal con las garantías de un Estado democrático? Por supuesto que no, pero sí con garantías. La prueba es que más de la mitad de las penas de muerte fueron conmutadas».

Origen: La «trágica» represión de Franco tras la Guerra Civil: nuevos datos para un debate eterno