Julián Grimau, el último ejecutado de la Guerra Civil
- El 20 de abril de 1963, el dirigente comunista era fusilado a las afueras de Madrid. Dos días antes, un consejo de guerra sumarísimo le había condenado por «rebelión militar continuada». Fue el último ejecutado por el franquismo por delitos cometidos durante la Guerra Civil
El dirigente comunista fue ejecutado a las cinco de la madrugada en el campo de tiro de los cuarteles de Campamento, a las afueras de Madrid. Cuando salió del coche celular que le había transportado desde la prisión de Carabanchel ya estaba formado el pelotón de soldados del regimiento de Wad-Ras, al mando de un teniente. El jefe de la Guardia Civil en Madrid se había negado a formar un pelotón de ejecución. Y el mando militar dispuso de que fueran soldados de reemplazo los que fusilaran a Grimau. Según su abogado defensor, el capitán Alejandro Rebollo, obligado a presenciar la ejecución vestido de gala, los reclutas estaban muy nerviosos. Alumbrados por los faros de varios camiones dispararon 27 balas, pero el oficial al mando tuvo que rematar al condenado con tres tiros de gracia. Porque era tal la agitación y la tensión que hicieron falta tres tiros de gracia para matarle.
¿Quién era Julián Grimau?
Julián Grimau había nacido en Madrid el 18 de febrero de 1911. Durante la Segunda República militó en Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. Al comienzo de la Guerra Civil ingresó en la Brigada de Investigación Criminal, nada excepcional porque su padre había sido comisario de policía en Barcelona en los años veinte. En octubre de 1936 ingresó en el PCE. Su actividad represora debió ser eficaz en Madrid porque fue ascendido y trasladado a Valencia. Más tarde llegó a Barcelona, donde fue especialmente diligente apresando trotskistas y quintacolumnistas. Concluido el conflicto cruzó la frontera. Vivió en Francia y después en varios países latinoamericanos. Carrillo le pidió que volviera a Francia. Fue elegido miembro del Comité Central del PCE en el congreso de Praga de 1954. Desde entonces, empezó a entrar clandestinamente en España, con estancias en Barcelona y Andalucía. Después de la detención de Simón Sánchez Montero, en 1959, le enviaron a Madrid para colaborar con Romero Marín y Jorge Semprún, Federico Sánchez , en la dirección del partido. Desde 1961 se instala definitivamente en la capital como responsable del partido en el interior.
Se ha discutido mucho si su pasado policial era el perfil idóneo para enviarlo a la actividad clandestina en España. Jorge Semprún y Fernando Claudín, tras su caída, confesaron que lo desconocían. Fue un motivo más de sus futuras diferencias con Santiago Carrillo. De hecho, Semprún ya había informado de los riesgos de la actividad febril de Grimau y su descuido de las medidas de seguridad –realizaba continuas citas, pasando demasiado tiempo en la calle-. Probablemente, Carrillo menospreció los riesgos de enviar a Grimau a España, confiado en su injustificada creencia de la caída inminente de la dictadura.
La detención
Aquel 7 de noviembre de 1962, tras haber mantenido varias reuniones y despedirse de su amigo Díaz-Cardiel , Grimau se dirigió a una nueva cita con otro camarada, Francisco Lara, que le iba a proporcionar papel para hacer octavillas. Más tarde se supo que Lara, detenido días antes, le había delatado y entregado a la policía, aunque desconocía su verdadera identidad. Grimau, ajeno a que disfrutaba sus últimos momentos de libertad, y desoyendo los consejos recibidos de Semprún de desplazarse en taxi, cogió un autobús donde sólo viajaban unos pocos policías. Cuando se dio cuenta era tarde. Sólo tuvo tiempo de gritar que era comunista. Tras su identificación en la Dirección General de Seguridad, la policía se dio cuenta de que había arrestado a una de las piezas más codiciadas.
Durante los interrogatorios a los que fue sometido cayó de cabeza desde una ventana del primer piso al callejón de San Bernardo, en la parte posterior de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Grimau estuvo al borde la muerte, pero, con el cráneo, las muñecas y las piernas fracturadas, sobrevivió. El Gobierno se apresuró a indicar que había sido un intento de suicidio pero resultaba poco creíble. Grimau, tras recuperase de los traumatismos, no recordaba nada de lo que sucedió después de las primeras horas del brutal interrogatorio. No realizó ninguna denuncia, tampoco delató a nadie.
El juicio sumarísimo
Un mes después de su detención, el 6 de diciembre de 1962, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, convocaba una rueda de prensa para responder las acusaciones del informe de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, y anunciar “la publicación de un dossier espeluznante de crímenes y atrocidades cometidas personalmente por este caballerete”. El ministro repartió una cronología desde la detención del anarquista Jordi Conill, el 19 de septiembre de 1962, hasta la explosión de un artefacto explosivo en el consulado de Ámsterdam el día anterior. La ofensiva mediática del Gobierno auguraba que el juicio de Grimau sería la demostración de la fortaleza del régimen contra sus opositores. Además, los antecedentes del detenido permitían afirmar que los comunistas de 1963 eran los mismos que los de 1936. Un macabro recordatorio de que la fuerza del franquismo se asentaba en su victoria en la Guerra Civil.
A Grimau no sólo se le juzgó por sus actividades políticas en España durante los últimos años, sino por un delito de rebelión militar continuada durante la guerra. La petición del fiscal era de pena de muerte por delitos durante la Guerra Civil y treinta años de cárcel por alteración del orden público –reuniones ilegales, impresión y reparto de octavillas, incitación a la huelga-.
El juicio fue una farsa. El consejo de guerra sumarísimo se celebró el 18 de abril de 1963. No hubo testigos. Todas las declaraciones obtenidas durante los cinco meses de la instrucción se basaban en segundas versiones y en un libro de un abogado barcelonés que le identificaba erróneamente. El expediente establecía que Grimau, en su condición de comisario de la Brigada de Investigación Criminal, había torturado a miembros del bando nacional en la checa de la plaza de Berenguer en Barcelona. La defensa del militar y abogado asturiano, Alejandro Rebollo, por cuestionar la legalidad del delito de rebelión militar tras haber pasado más de veinticinco años fue infructuosa.
Un año más tarde, otra irregularidad se hizo pública. El comandante auditor y principal acusador, Manuel Fernández Martín, había falsificado su título de abogado, carrera de la que sólo había estado matriculado durante dos cursos en la Universidad de Sevilla.
Las reacciones internacionales
Tanto las torturas sufridas durante su detención como su ejecución despertaron una repercusión internacional hasta entonces desconocida. Durante los cinco meses en que estuvo detenido, el PCE y otros personalidades españolas –desde opositores provenientes del régimen como Dionisio Ridruejo o Joaquín Ruíz-Giménez hasta intelectuales como Laín Entralgo o Menéndez Pidal– mediaron para salvar la vida de Grimau. Se recibieron miles de telegramas de todo el mundo solicitando el final del proceso que ya entonces se consideraba una farsa.
Tras la sentencia, pidieron clemencia, entre otras personalidades internacionales, el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, el líder del Partido laborista británico, Harold Wilson y el arzobispo de Milán, cardenal Montini, que sería elegido Papa dos meses más tarde –el 21 de junio-. La elección fue un duro golpe para el franquismo y el nacional catolicismo español. Montini le pidió a Franco conmutar la condena a muerte de Grimau –“No hemos sido escuchados”-. Ya como Pablo VI, dos décadas después, volvió a hacer gestiones para evitar la ejecución del anarquista catalán Salvador Puig Antich, pero Franco se negó a atender su llamada telefónica.
Entre las peticiones de clemencia hubo ausencias significativas, como la de Estados Unidos y la del Vaticano –aunque algunas fuentes no descartan que el secretario particular de Juan XXIII realizara a última hora alguna gestión-.
Todo fue inútil. Al día siguiente del juicio, el Consejo de Ministros presidido por Franco se reunió como cada viernes y se dio por enterado. Todos votaron en contra de conceder el indulto. Parece ser que las únicas intervenciones tímidamente a favor fueron la del ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, que ya estaba trabajando por la integración europea y los ministros del Opus, responsables de áreas económicas,
Aquel mismo Consejo de Ministros del 19 de abril de 1963 creaba el TOP (Tribunal de Orden Público), uno de los instrumentos de la represión franquista. Juan José del Águila, abogado y magistrado de lo social, publicó en 2001 El TOP . En su libro esclarece como el anuncio de la creación del tribunal fue ilegalmente demorado. De haberse admitido que se había aprobado en aquel Consejo de Ministros hubiera supuesto la concesión automática del indulto a Grimau.
La lucha de la viuda
Tras su ejecución las protestas y manifestaciones siguieron en todo el mundo. También los medios afines a la dictadura franquista mostraron su acuerdo con la sentencia y apoyaron al Gobierno español. Y algún periodista firmó artículos infames que permanecen en nuestras hemerotecas.
Ángeles Campillo, la viuda del dirigente comunista, residía en París. Tras la ejecución de Grimau comenzó una larga lucha para reivindicar su memoria y averiguar donde había sido enterrado su marido. En 1967, su abogado presentó un recurso para revisar el juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar. No fue admitido a trámite.
En abril de 1968, demandó al director general de Cementerios exigiéndole que facilitase el lugar donde se encontraban los restos mortales de Grimau. El director de Cementerios sólo se avino a facilitar los datos exactos de la sepultura en el cementerio de Carabanchel en el acto de conciliación del juicio, celebrado el 27 de junio de 1968. Ángeles Campillo siguió su batalla jurídica. En diciembre de 1972, solicitó la exhumación, reconocimiento y traslado de los restos de su marido al cementerio civil de Madrid. En otra demanda solicitaba, una vez más, su pasaporte para poder regresar a España, donde ya vivían sus hijas y su madre. La crueldad del régimen con la viuda fue implacable, no pudo volver hasta septiembre de 1976.
A los veinticinco años de su fusilamiento, el 30 de noviembre de 1988, volvió a presentar recurso contra la sentencia de muerte de Julián Grimau ante la Sala Militar del Tribunal Supremo. El recurso argumentaba la nulidad de pleno derecho de la sentencia basándose en que el ponente del consejo de guerra, Fernández Martín, no era abogado -como exigía el cargo-. Pero, en enero de 1990, la sala del Supremo denegó la revisión de la sentencia por “coherencia jurídica”. Esta vez Ángeles Campillo no pudo doblegar la resistencia de las instituciones españolas a revisar el pasado.
Tampoco vio cumplido su deseo, expresado en una rueda de prensa celebrada en París a los cuatro días de la ejecución de su marido, de “que la sangre derramada por Julián Grimau sea la última”. El 17 de agosto de aquel mismo año eran ejecutados en la cárcel de Carabanchel, por el españolismo método del garrote vil los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granados, condenados sin pruebas, en otro consejo de guerra sumarísimo, de haber colocado varias bombas en edificios gubernamentales.
Origen: La Vanguardia.com/hemeroteca/El fusilamiento de Julián Grimau
