Si no rezas tus hijos no comen: violencia estructural en el franquismo

El ofrecimiento de alimentos fue un elemento de coacción usado con las madres republicanas encarceladas para forzar la administración de sacramentos.
El ofrecimiento de alimentos fue un elemento de coacción usado con las madres republicanas encarceladas para forzar la administración de sacramentos.

Si no rezas tus hijos no comen: violencia estructural en el franquismo / Lucio Martínez Pereda

Recientemente la jueza titular del Juzgado Penal de 2 de Mataró ha pedido al Gobierno que tipifique la violencia económica como modalidad de violencia machista. La magistrada, refiriéndose a un hombre que no pasaba la pensión alimenticia de sus hijos a su exmujer, argumentaba la necesidad de incluir en las leyes esta violencia en los siguientes términos: «la violencia económica se lleva a cabo controlando el acceso de las mujeres a los recursos económicos”

 

 

Aunque la jueza no se refiera a ella expresamente, estaríamos ante lo que desde hace tiempo las ciencias sociales denominan violencia estructural. En los códigos legales la violencia se reduce a la condición exclusiva de daño físico, un daño practicado por un cuerpo y sus instrumentos contra otro cuerpo. La violencia estructural, en cambio, es un daño incorpóreo contra la satisfacción de las necesidades básicas que garantizan la supervivencia, pero también la identidad, la libertad y la expresión. Para los marxistas, este tipo de violencia, es el resultado de un proceso de desposeimiento en el acceso a los recursos producido por la estratificación social, un proceso siempre resuelto a favor del grupo que ocupa la posición social dominante.

La jueza del juzgado de Mataró en su petición al gobierno señala una practica individualizada de la violencia. Pero lo cierto es que los efectos de la violencia estructural son mayores y más difíciles de distinguir cuando sobrepasan la autoría individual y se practican sistematizadamente por las instituciones de un estado, tal y como sucedió durante la dictadura franquista. Como a continuación veremos, la unión entre la pobreza de la etapa autárquica y las actividades de beneficencia intervenidas por la iglesia crearon unas practicas de violencia estructural que ejercieron una presión especial sobre las mujeres, dada su tradicional responsabilidad familiar en la provisión de alimentos. El contexto económico de la etapa autárquica permitió hacer de la pobreza y el hambre un mecanismo de recristianización de las clases populares. La relación entre hambre y hábitos religiosos fue manejada como una herramienta de violencia estructural para doblegar voluntades. Hambre y recristianización se dieron la mano para coaccionar a los necesitados y conducirlos hacia comportamientos de aceptación y reproducción de pautas de conducta y adoctrinamiento religioso. El marco económico de la autarquía fijó las circunstancias para que esa sumisión fuera la única salida viable.

La mortalidad por hambre y enfermedades se enseñoreo durante los años 40 en las cárceles. Se cebó especialmente en los niños que convivían con sus madres. El ofrecimiento de alimentos fue un elemento de coacción usado con las madres republicanas encarceladas para forzar la administración de sacramentos. Las madres recibían más comida para los hijos recién nacidos en prisión si accedían a su bautismo. Cuando se conseguía convencerlas la celebración del rito se hacía pública en la prensa, si se trataba de progenitores de cierta significación izquierdista. El mensaje estaba claro, aun cuando no se explicitara directamente: ¡que poco tardan las «rojas» en renunciar a sus principios! La dimensión propagandística era evidente. Al cobrarse la pieza «difícil» de una madre republicana renunciando al laicismo se hacía público el abandono de los atributos éticos de la militancia de izquierda: la voluntad de resistencia y la cohesión entre ideas y conductas.

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Los bautismos a cambio de alimentos también adquirieron una dimensión de espectáculo publico. Cada vez que las tropas franquistas “liberaban” una ciudad “roja” se llevaban a cabo celebraciones colectivas de bautismos, convirtiéndose estos actos en un aparador en el que exhibir la victoria sobre el ateísmo y la apostasía, y el triunfo de los valores de la España de Cristo sobre la Anti España del Anticristo. Miles de niños «inocentes» fueron sometidos a estos rituales. Las ciudades elegidas para hacerlos: Alicante, Lleida, Barcelona, Madrid y Valencia, tenían algo en común; todas habían estado sometidas a la “tiranía roja”. Los reportajes de los bautizos colectivos de niños se publicaban en los principales periódicos con el significativo título de «Más niños para Dios y España». Los bautismos en grupo tenían algo de acontecimiento fundacional de un Nuevo Estado, formaban parte del discurso político para reconstruir la clave identitaria de la nueva comunidad nacional. Los niños sacramentados fueron usados por la propaganda como un símbolo de recristianización. La puesta en escena de la niñez re catolizada representaba el nacimiento de una “Nueva España”, la creación de una comunidad nacional que recuperaba la compenetración entre lo religioso y lo político. Estos bautismos colectivos se constituyeron en rito de redención y regeneración, en ceremonia de una comunidad «nacida» de la guerra que separara el «nosotros» de la Nueva España, del «ellos» de la Anti España extraña a ella.

Pero volvamos a la institución que mejor representó durante la dictadura la practica de la violencia estructural y económica. En octubre de 1936 una pareja de jonsistas; el abogado bilbaíno Javier Martínez de Bedoya y Mercedes Sainz de Bachiller, siguiendo el modelo nazi («Winterhilfswerk» (WHW), abrieron en Valladolid el primer local de Auxilio de Invierno, que, después de terminada la estación invernal paso a llamarse Auxilio Social. La institución falangista, mediante sus Comedores y Hogares proporcionaba alimentos y asistencia a la población necesitada. La Iglesia empezó a ver con malos ojos una organización de origen no religioso que ponía en peligro su tradicional monopolio sobre la beneficencia. Los falangistas, mediante Auxilio Social, entraban en un territorio que la Iglesia consideraba de su exclusiva competencia desde la Edad Media. Era lógico pensar que las autoridades eclesiásticas no permaneciesen con los brazos cruzados viendo como la organización falangista ponía en riesgo su preponderancia en el ámbito asistencial. Finalmente lograron que el estado franquista les confiriera fijar los criterios para proporcionar alimentos y asistimientos, y a los falangistas de Auxilio Social no les quedó más remedio que aceptar la intervención de la Iglesia a través de la creación de la Asesoría de Cuestiones Morales y Religiosas. En 1944, 160 sacerdotes cumplían las funciones de esta asesoría de Auxilio repartidos por todo el país. Cada provincia tenía un asesor y varios capellanes a su cargo. Estos últimos actuaban de intermediarios entre la parroquia y los acogidos para vigilar los hábitos religiosos que garantizaban la asistencia alimentaria. La Asesoría confeccionaba una estadística con los informes mensuales sobre los progresos recristianizadores. Se hacía una ficha religiosa para cada atendido con los antecedentes de padres y familiares de los niños auxiliados, si estaban bautizados, los sacramentos recibidos, si los padres se habían casado canónicamente y habían tenido actividades «destacadamente rojas». La Asesoría también fijaba los métodos de vigilancia y los medios punitivos para garantizar la asistencia a los actos religiosos e imponía la obligación de acudir a misa para todos los niños acogidos en los comedores y en el régimen de internado. El párroco, cada 15 días, después de averiguar los nombres de quienes no cumplen el precepto, enviaba la información a los asesores: «El asesor debe hacer constar niño por niño quien es el que deja de cumplir con el precepto dominical». Para los que no lo cumplieran se preveía la aplicación de sanciones progresivas; desde la amonestación, a la privación de alimentos, pasando por castigos psicológicos que incluían la pública vergüenza.

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En octubre de 1939 Auxilio Social creó la Jefatura y la Oficina de Información Social y el Cuerpo de Visitadoras Sociales. Las Visitadoras gestionaban las solicitudes de asistimiento y hacían un seguimiento de la conducta religiosa, moral y política de las familias, especialmente de las madres. Las peticiones de nuevos asistimientos se dirigían a las Jefaturas de información social. Estas abrían un informe que enviaban con la propuesta de ingreso al Departamento Central de Protección a la Madre y al Niño, que la autorizaba o denegaba en función del comportamiento moral de la familia, el cumplimiento de los preceptos religiosos y las costumbres sexuales de las mujeres. Estos aspectos previamente se recogían en sendos informes, uno social y otro parroquial. El social, redactado por las visitadoras, especificaba si la vida de las madres viudas o solteras se ajustaba «tanto en su vida pública como privada» a las pautas de religiosidad católica. Se completaba con datos procedentes de las parroquias sobre los antecedentes morales y políticos de los solicitantes. El informe parroquial investigaba la «legitimidad de los padres, si el niño estaba bautizado y el grado de práctica religiosa de la familia».

Las clases de catequesis estaban sujetas a control. Cuando no podían hacerse en la parroquia, las impartían las cumplidoras del Servicio Social destinadas en la Asesoría. Para ello aprovechaban una hora antes de servir la comida. Cada niño tenía asignada una cartilla de catecismo donde las catequistas pegaban sellos de distintos colores según el grado de interés demostrado por las cuestiones religiosas. La valoración sobre la progresión de la aplicación se transmitía a la Asesoría mediante unas hojas de control. La vigilancia sobre la conducta no finalizaba con el inicio del asistimiento, continuaba posteriormente. Parte de los acogidos en los hogares falangistas de Auxilio se reintegraban el fin de semana a sus casas. Las visitadoras debían efectuar al menos una visita al mes a sus domicilios y cubrir una ficha dejando constancia del comportamiento moral y los antecedentes políticos de los familiares. De esos datos dependía la continuidad o término de la prestación.

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Las costumbres impuestas en Auxilio desde la entrada en funcionamiento de la Asesoría no supusieron ninguna sorpresa para los trabajadores. La entrega caritativa de alimentos a cambio de la moralización de las costumbres no hacía sino reactualizar viejas pautas de invasión de la vida privada y las conductas familiares de las clases populares, iniciadas en la época de la Restauración e interrumpidas con la llegada de la II República. Para muchos trabajadores la caridad católica era sinónimo de manipulación ideológica y fuente de agravio social acumulado. La humillación producida por el sometimiento a la labor inspectora de las visitadoras se asentaba sobre una larga cultura social heredada de generaciones de antepasados acostumbrados a someterse al juicio moral de personas socialmente mejor situadas.

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